Ciudad de México, 29 de Agosto de 2018

El 1 de julio de 1997 se promovió e impuso a través del congreso de la unión la reforma estructural al sistema de pensiones de los trabajadores del apartado A asegurados en el IMSS. A partir de ese momento el sistema público de pensiones de beneficio definido se sustituyó por otro de capitalización individual y administración privada de los fondos de pensiones a través de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE).  Se ofreció que derivado del esfuerzo y ahorro individual, el trabajador alcanzaría a pensionarse con un setenta por ciento de tasa de reemplazo del último salario devengado y así acceder a una vejez digna.

En 2007 con el mismo fin y argumentos se reformó la ley del ISSSTE, afectando a los trabajadores del apartado B. Así el sistema pensionario solidario e intergeneracional se desapareció y cambió por uno de cuentas individuales. Para su funcionamiento crearon un mecanismo de administración privado que en nombre y representación de los trabajadores tiene la facultad de comprar acciones de una Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (SIEFORE), todo regulado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).

Después de veintiún años, el mecanismo maneja más de sesenta millones de cuentas individuales y tiene acumulado activos netos de tres billones cuatrocientos mil millones de pesos, casi el quince por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, esa enorme cantidad de recursos acumulados solamente ha beneficiado a un puñado de instituciones financieras, que incluso cobran comisiones por el manejo de cuentas inactivas; en detrimento de millones de trabajadores ahorradores dueños del dinero. Por datos de la CONSAR se reconoce que para los primeros trabajadores del sistema AFORE que están por jubilarse en el 2021, a los 65 años de edad, la tasa de reemplazo será del treinta por ciento o menos, debido a que no alcanzarán las semanas cotizadas producto de la precarización del trabajo derivado de la reforma a la ley federal del trabajo de noviembre de 2012. 

 Por lo que podríamos concluir que como negocio privado la AFORE son una mina de oro, en la que el trabajador pone el dinero y el capital se lleva la ganancia, al tiempo que decide en dónde los invertirá y el riesgo que existe y si hay pérdidas, las carga al ahorrador. Esto además de injusto es profundamente inhumano pues las pensiones deberían ser la garantía para que un trabajador al final de su vida laboral, pudiera pasar su vejez sin problemas económicos.

Por todo lo anterior y para recobrar el carácter solidario e intergeneracional de las pensiones, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana A.C. (CONJUPAM), acordó en su Cuarto Congreso Nacional de septiembre de 2016, expedir e impulsar una Iniciativa de Ley Ciudadana que abrogué la Ley que dio origen a las AFORES y en su lugar proponemos crear una nueva Ley de Pensiones (LEPE) y la creación del Instituto Nacional de Pensiones (INAPE) en sustitución de la CONSAR. El INAPE estaría integrado con una representación tripartita de trabajadores, patrones y gobierno y las funciones de Dirección y Administración estarian a cargo de auténticos representantes de los trabajadores y pensionados por medio de un Consejo Técnico y un Consejo de Vigilancia como principales rectores de su funcionamiento. Además de ser incluyentes para todos los trabajadores del apartado A y B, formales, informales e independientes, que permita dar certidumbre a todos de que podrán obtener una pensión verdaderamente digna al término de su vida laboral.

En la misma Iniciativa de Ley Ciudadana planteamos el rechazo a cualquier pretensión de la universalización de los servicios de salud, manteniendo la Seguridad Social Solidaria y de Reparto. También se plantea la eliminación del impuesto de la renta de las jubilaciones y pensiones toda vez que dichas percepciones son producto de fondos contributivos, los cuales en su momento fueron sujetos de pago de impuestos. Finalmente, en cuanto a los Adultos Mayores proponemos impulsar la participación organizada de este importante sector que constituye el diez por ciento de la población del país, construyendo contrapesos para erradicar las políticas asistencialistas que se reducen al incremento de la llamada pensión no contributiva, lo que es totalmente insuficiente si no se lucha por demandar el pleno cumplimiento a sus derechos humanos integrales.

La Iniciativa de Ley Ciudadana es un concepto sustentado en los artículos 35 y 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen el derecho de todos a promover iniciativas de ley. Para lograr introducir al Congreso una Iniciativa de Ley se pide como requisito acompañarla con un número de firmas ciudadanas; que actualmente es aproximadamente de por lo menos ciento treinta mil. En ese sentido estamos llamando a la ciudadanía a que si están de acuerdo con los planteamientos propuestos nos apoyen con su firma.

Por su atención.
GRACIAS.
CONFEDERACIÓN DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES DE LA REPÚBLICA MEXICANA A.C.
Responsable: Jorge Herrera Ireta (Vicepresidente).  

 

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