EL DERECHO A LA ENERGÍA EN MÉXICO Hay que insistir en el tema: con la nacionalización de la industria eléctrica, nuestro país recuperó el control de uno de sus recursos más estratégicos, impulsando así el crecimiento de este sector y, particularmente, el desarrollo independiente y soberano del país. Estos son los saldos de una experiencia histórica notable. Al integrar a la mayoría de las empresas en un sistema interconectado en casi todo el país, se unificaron los voltajes y las frecuencias, el sistema descansó en la diversificación de sus plantas y tipos: hidroeléctricas, termoeléctricas, carboeléctricas, geotermoeléctricas, eólicas y nucleares. Gracias a ello ha sido posible prorratear los costos de las plantas generadoras, permitiendo mantener por años una tarifa accesible a las posibilidades de cada sector de la población, especialmente de los sectores populares tanto de la ciudad como del campo. Actualmente se presta el servicio eléctrico a casi el 95 de los usuarios con base en un sistema interconectado nacional, soportado en una red de transformación y transmisión sincronizada cuya generación se logra mediante un sistema de control de energía, que permite asimilar cualquier disturbio local para evitar apagones generalizados. Es así como en México la industria eléctrica ha logrado grandes avances en virtud de que nuestros recursos hidráulicos, hidrocarburos y eólicos, son explotados y utilizados con fines sociales para el desarrollo de la nación, tal como lo disponen los artículos 27 y 28 de nuestra Constitución Política, es decir: el derecho exclusivo de la nación sobre el uso de los recursos económicos para el desarrollo del país, a fin de que éstos se conviertan en un servicio eficiente y suficiente al alcance de todos los mexicanos, y al mismo tiempo, para evitar que caigan en manos de empresarios privados movidos por un vil y simple afán de lucro, que hagan de este recurso estratégico un extraordinario negocio —para ellos— y un caso ejemplar de la lógica neoliberal del mercado. A propósito de ello, en 1992 las reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica mostraron su naturaleza perversa al atentar contra el interés público y los derechos de los trabajadores del sector, permitiendo que productores privados extranjeros generen electricidad sin contribuir a la disminución del costo de las tarifas; además, debido al tipo de combustible que utilizan para su operación, ocasionan un aumento indeseable en la tarifa eléctrica provocadas por el alza en el precio de gas. Por si fuese poco, estos productores independientes rompen las redes productivas y la integración de economía nacional, al traer desde sus países de origen los insumos, componentes y equipos técnicos necesarios para la instalación y funcionamiento de sus plantas, lo que provoca un incremento en los índices de desempleo e influye directamente en el deterioro de las condiciones laborales de nosotros, los trabajadores electricistas. En este sentido, el Estado mexicano tiene la responsabilidad de administrar los bienes públicos y vigilar que éstos no sean acaparados y convertidos en simples mercancías con las cuales se pueda lucrar. Las amenazas de privatizar la industria eléctrica afectan los derechos que tenemos los mexicanos sobre la tenencia y consumo de la energía eléctrica, cuyos efectos podemos percibir, por ejemplo, en el incremento inmediato de la tarifa doméstica del 72.58 en promedio, que afecta gravemente a las familias mexicanas. Los incrementos a las tarifas eléctricas son parte de la estrategia para llevar a cabo la privatización de la industria eléctrica nacionalizada. Para no cargar ese costo político a la privatización, el actual gobierno foxista resolvió asumirlo en forma selectiva, haciendo gravitar el aumento no sobre toda la población, sino sobre una parte. El derecho que algunos países han ejercido para controlar y decidir cómo utilizar sus recursos estratégicos, nos hace recordar que en México la lucha en contra de las privatizaciones en general, y en particular la lucha contra la privatización eléctrica y petrolera, ha sido una lucha histórica de todo el pueblo mexicano por preservar sus recursos para el desarrollo del país. Porque el acceso a la energía, y en especial de la electricidad, ha pasado a formar parte de los derechos naturales e indispensables de la humanidad y de las futuras generaciones. MARTÍN ESPARZA FLORES Secretario General Sindicato Mexicano de Electricistas |